Por: Mike Sosa
IG: @ritmos_propios
Ser autista en México es una ruleta: puede tocarte una escuela que no te entienda, una vida social que no te perdone ser distinto y, si tienes suerte, apenas un trabajo. Porque incluso ahí, si te despiden por ser neurodivergente, no hay quien te defienda.
Alguien llega a esa oficina todos los días fingiendo que el ruido no le taladra, que la luz no le pesa, que la junta de las nueve le cuesta el doble que a los demás. Lo hace bien. Tan bien que nadie lo nota. Ni siquiera el Estado.
En 2025, el IMSS, la institución de salud más grande de México, diagnosticó a más de 100 mil personas con autismo. Ese mismo año registró más de 18 mil casos de burnout. Cuando se le pidió cruzar ambas bases de datos, para saber cuántas de esas personas neurodivergentes habían llegado también al agotamiento extremo, el sistema de salud pública más grande del país encontró tres.
No tres mil. Tres.
Ese salto —de cientos de miles a tres— no es una curiosidad estadística. Es el resumen de lo que documenta esta investigación: mientras la neurodivergencia crece de forma sostenida en los registros médicos de México, el aparato del Estado que debería protegerla en el trabajo —comisiones de derechos humanos, procuradurías laborales, juntas de conciliación, inspectores de trabajo— simplemente no tiene forma de verla. No es que no quiera. Es que no está diseñado para hacerlo.
Esta nota se basa en 20 solicitudes de información pública presentadas entre mayo y julio de 2026 a ocho instituciones federales. Ninguna se redactó con intención de «atrapar» a nadie: se preguntó, con toda claridad, si tenían la información. La mayoría contestó que no.
El fenómeno crece: los números no dejan lugar a dudas
Empecemos por lo que sí sabemos, porque ahí, paradójicamente, el Estado mexicano tiene más información: la salud.
El IMSS, que atiende sobre todo a trabajadores del sector privado formal y sus familias, entregó una base de datos nacional que cruza diagnósticos médicos —código CIE-10, el catálogo internacional de enfermedades— de 2021 a 2026:
| Año | Burnout | Autismo | TDAH | Otros trastornos del neurodesarrollo |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,564 | 20,010 | 108,818 | 69,424 |
| 2022 | 7,077 | 35,340 | 148,903 | 141,228 |
| 2023 | 11,104 | 50,244 | 194,324 | 176,218 |
| 2024 | 15,725 | 73,432 | 167,940 | 199,490 |
| 2025 | 18,689 | 102,079 | 175,064 | 233,788 |
En cuatro años, los registros de burnout se multiplicaron por 5.2 y los de autismo por 5.1. Los de otros trastornos del neurodesarrollo crecieron 3.4 veces. Esto no significa necesariamente que haya «más» personas neurodivergentes que antes —la neurodivergencia no aparece de la nada—, sino que hay más diagnóstico, más consulta médica y, probablemente, más personas que después de años sin nombre para lo que les pasaba, por fin encontraron uno.
El ISSSTE, que atiende a trabajadores del Estado, muestra el mismo patrón: las consultas por autismo pasaron de 1,625 en 2021 a 18,324 en 2025 —se multiplicaron por 11—, y las de TDAH, de 11,110 a 24,561, más del doble.
El sistema de salud mexicano ve, con toda claridad, que esto crece. El problema no son los datos médicos. El problema empieza cuando esas mismas personas salen del consultorio y entran a su trabajo.
La norma que se diseñó para no verte
En México existe una norma, la NOM-035-STPS-2018, cuyo propósito es identificar y prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo: la sobrecarga, el hostigamiento, los ambientes tóxicos, justo el tipo de condiciones que derivan en burnout. Es obligatoria para todos los centros de trabajo del país.
Le preguntamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) si esa norma contempla algo relacionado con neurodivergencia. La respuesta, textual:
«La NOM-035-STPS-2018 […] no contiene disposiciones, criterios o referencias específicas relacionadas con neurodivergencia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastorno del espectro autista u otros trastornos del neurodesarrollo.»
La dependencia federal explicó por qué, con una franqueza que roza lo perturbador: el objetivo de la norma es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial «aplicando por igual a la totalidad de los trabajadores de un centro laboral, sin distinción de su condición neurobiológica.»
Léase de nuevo esa frase. No es un descuido. Es una decisión de diseño: la norma trata a todas las personas trabajadoras como si procesaran el estrés, la carga cognitiva y el entorno laboral exactamente de la misma manera. Para una persona neurotípica, eso puede no importar demasiado. Para una persona autista o con TDAH, cuyo umbral de sobrecarga sensorial o cognitiva puede ser radicalmente distinto, significa que la única herramienta legal mexicana contra el desgaste laboral no está construida para detectar lo que le pasa a ella específicamente.
La STPS fue todavía más lejos: dijo que identificar estos casos «no está dentro de sus atribuciones de inspección laboral» porque la neurodivergencia «es de competencia médica». El trabajo le pasa la responsabilidad a la salud. Y la salud, como ya vimos, no tiene forma de conectar sus diagnósticos con lo que ocurre después, en el empleo.
Para comprobar que esto no era solo un problema de la oficina central, le pedimos a la STPS que buscara en sus 32 delegaciones estatales cualquier inspección o denuncia, entre 2021 y 2026, relacionada con riesgo psicosocial vinculado a neurodivergencia. Las 32 oficinas —de Tlaxcala a Baja California, de Yucatán a Sonora— respondieron lo mismo, por separado, en documentos individuales firmados: cero. Cero inspecciones. Cero denuncias. En cinco años. En todo el país.
No es que el problema no exista. Es que el sistema no tiene ojos para encontrarlo, ni en la Ciudad de México ni en ninguna otra parte.
Cuando buscas ayuda, casi nadie te encuentra
Si el sistema de prevención no te ve, ¿qué pasa cuando ya viviste la discriminación y buscas justicia? Aquí la palabra «abandono» deja de ser una interpretación y se vuelve, simplemente, una descripción literal.
CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, reconoció 9 quejas por discriminación laboral vinculada a neurodivergencia entre 2021 y 2025 en todo el país. De esas 9, en 7 no se emitió ninguna medida de reparación. Solo en dos hubo alguna consecuencia real: una compensación económica y, en otro caso, un curso de sensibilización pactado entre las partes, no por resolución del organismo. CONAPRED reconoció, además, que su sistema de quejas no tiene ninguna categoría para registrar estos casos: cuando llegan, alguien tiene que revisarlos uno por uno, a mano, para saber si aplican.
PROFEDET, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo —la institución cuyo trabajo es, literalmente, defender a las personas trabajadoras—, fue todavía más directa. Ante la pregunta de si tenía forma de identificar estos casos, respondió que la neurodivergencia «no constituye por sí misma un motivo de conflicto laboral». Técnicamente correcto. Pero cuando se le pidió que abundara sobre la capacitación específica en el tema, la respuesta fue: «no cuenta con capacitación específica […] pero su formación integral le permite desarrollar habilidades para el manejo de diferentes tipos de personas.»
Un manual interno de 40 páginas que esa misma procuraduría elaboró junto con CONAPRED en 2022 —dedicado enteramente a cómo atender con dignidad a personas con discapacidad, personas indígenas, personas mayores, comunidad LGBT+— no menciona ni una sola vez la palabra neurodivergencia, TDAH o autismo.
Y luego está la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la instancia donde miles de personas en México buscan resolver un despido injustificado. Le preguntamos cuántos procedimientos de conciliación habían tenido relación con burnout o neurodivergencia. Su respuesta fue, sin exagerar, la más honesta de todo el expediente: no solo no tienen esa categoría, sino que sus 44 juntas especiales ni siquiera generan reportes con el nivel de detalle necesario para saberlo. No es que no clasifiquen la neurodivergencia. Es que no clasifican casi nada.
El organismo que brilla por su ausencia
Queda una institución más: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo constitucionalmente facultado para señalar violaciones a derechos humanos en México y emitir recomendaciones públicas contra cualquier autoridad.
La CNDH reconoció 36 quejas relacionadas con discriminación, despidos o negativa de ajustes razonables vinculados a neurodivergencia o burnout desde 2021 —la cifra más alta de todo el expediente—. Pero cuando se le preguntó cuántas investigaciones había abierto a partir de esas quejas, la respuesta fue cero. Y cuando se le preguntó si alguna vez había emitido una recomendación, un pronunciamiento o un criterio sobre el tema, la respuesta —repetida varias veces, con el mismo lenguaje legal defensivo— fue que no se encontró ningún documento al respecto.
Treinta y seis personas, como mínimo, tocaron la puerta del organismo de derechos humanos más importante del país. Ninguna recibió, hasta donde consta en sus propios archivos, un pronunciamiento institucional a su favor.
Un brote de reacción, tardío y aislado
Sería injusto cerrar sin mencionar lo único que, en todo este expediente, se parece a una respuesta institucional real. En julio de 2025, CONAPRED lanzó un curso en línea llamado «Discapacidades, neurodivergencias y justicia social por la no discriminación.» En menos de un año lo tomaron casi 6 mil personas, con participación de decenas de dependencias federales, los 32 estados, el Poder Judicial y hasta la ONU.
Es una buena noticia y merece decirse como tal. Pero también hay que decir lo que revela por omisión: el curso anterior que CONAPRED ofreció durante trece años, de 2012 a 2025, sobre inclusión y discapacidad, nunca mencionó la neurodivergencia. Trece años de vacío, corregidos apenas ayer, todavía sin traducirse en una sola categoría de registro, un solo criterio de resolución o una sola recomendación pública.
Lo que queda por delante
Ninguna de las instituciones consultadas en este expediente mintió. Todas respondieron, la mayoría con seriedad y dentro de los plazos legales. Ese es, quizá, el dato más incómodo de todos: no hizo falta que nadie ocultara nada. Bastó con que, desde el diseño mismo de sus catálogos, sus normas y sus sistemas de registro, nadie hubiera pensado nunca en preguntar si la persona frente a ellos procesaba el mundo de forma distinta.
Cada persona neurodivergente que fue despedida por no encajar en un molde que no se hizo para ella, a la que le negaron un ajuste razonable por «no ser motivo suficiente», o que llegó al agotamiento total tratando de parecer «normal» en un trabajo que nunca se adaptó a ella, existe en algún lugar entre estas cifras. El problema es que casi ningún sistema del Estado mexicano sabe cómo contarla.
Esta investigación se basa en respuestas oficiales a solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante CONAPRED, PROFEDET, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la CNDH, el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre mayo y julio de 2026, con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Todos los documentos citados son oficios públicos con número de folio verificable.
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